Es fácil demostrar que las ganancias de cualquier
empresa son generadas por el capital y el trabajo en relación con sus
respectivos costos.
El costo del aporte de cada empleado no es otro que
el sueldo que le fueron pagando.
Y el costo del capital de la empresa también es una
cifra bastante fácil de determinar.
De manera que buscando las ganancias que cada año se declararon ante la administración
tributaria, el monto adeudado a los empleados surge con precisión y lo puede calcular un perito
especialista en costos de producción.
Se me ocurre que podemos solicitar que un juez
determine la procedencia del reclamo, y que en su caso condene al Estado a
resarcir al empleado.
Pero dejando asentado que si eso pusiese al Estado
en una situación difícil por la jurisprudencia que asentaría, le condene al
menos a reconocer que el empleado ha sido una especie de "sostenedor del Estado desde la
indigencia" lo cual demostraría que la ley del Impuesto a las Ganancias es
totalmente opuesta al espíritu de la tributación, que debe orientarse hacia las
propiedades y consumos excesivos.
Y que entonces condene al Estado a no cometer esa
injusticia en el futuro, es decir que cuando confisque ganancias de la empresa,
utilice ese dinero en primer lugar para pagar la participación que en las mismas
le corresponde.
Cualquier empleado podría demandar al Estado por los 30 años que
trabajó en empresas privadas.
Porque la tercera parte de las ganancias de esa
empresa fue confiscada por el Estado, quien debió atender primero su derecho
constitucional a participar de ellas, antes que su derecho de cobrar
impuestos.
¿No creen que su derecho constitucional a participar en las ganancias es anterior al del Estado
de cobrar impuestos?
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